"OPERACIÓN CÓNDOR" es el título del lúcido artículo que el Magistrado Joaquín NAVARRO ESTEVAN publicó el 4 de agosto de 1998 en EUSKADI INFORMACION (el diario substituto del EGIN inicuamente clausurado por el fascista juez Garzon). El Magistrado denuncia crudamente la irregularidad y antijuridicidad del inicuo cierre. Este es el texto del artículo:

Operación Cóndor

Joaquín NAVARRO ESTEVAN / Magistrado

Ha sido esplendoroso. ¡Qué sintonía, qué sincronía de poderes, qué sinfonía de ditirambos y plácemes! Justo al día siguiente del <<visto para sentencia>> en lo de Segundo Marey, menos de veinticuatro horas después de que algunos abogados de la defensa arremetiesen con ferocidad contra el instructor Garzón, evocando uno de ellos el discurso quevediano sobre los malos jueces (cien delincuentes hacen menos daño que un mal juez), cuando ciertos malpensados repasaban en su memoria las tres operaciones garzonitas de mayor calado (<<nécora>>, <<bogavante>> y <<cangrejo>>), se produce la maravilla, el seísmo y el tifón ­todo al mismo tiempo­ de la <<operación cóndor>> allá en Euskadi, donde algunos cóndores de mal pelaje y peor agüero asesinaron Guernica <<como del rayo>>.

Nuestro juez más campeador ha descubierto que el diario y la emisora Egin son delincuentes. No sólo los consejeros de Orain, la sociedad editora, o los de Ardatza, la sociedad a la que se habrían traspasado los activos de aquélla. No sólo éstos o aquéllos miembros del <<entorno político, mediático, social y financiero>> de Egin y sus aledaños. También son delincuentes el diario y la emisora. Como las mulas o los cañones en el ejército, que son arrestados por mal comportamiento. Como toda la humanidad por aquello del pecado original. No basta, por tanto, la prisión de unos u otros, la incautación de documentos, cuentas, publicidad, borradores y proyectos. Hay que <<encerrar>> Egin mediante la aplicación de una medida cautelar, de una <<consecuencia accesoria>>, como la clausura temporal del propio diario, de la emisora y de las instalaciones de ambos. Aquello de Mac Luhan de que el mensaje es el medio ha sido muy bien asimilado por Mayor y por Garzón: hay que matar el medio, que es el mensaje. No basta con matar el mensajero. Aunque con ello se perpetre una barbaridad jurídica y un disparate político de insospechables consecuencias para el Estado de derecho, para la paz de Euskadi y para el orden democrático.

No bastaba con la disolución de la sociedad editora, con la suspensión de sus actividades mercantiles, con la prohibición de operaciones o negocios presuntamente delictivos o con la intervención de la empresa. Era necesario el cierre de dos órganos de comunicación, como si su salida diaria a los quioscos y a las ondas fuese un gravísimo peligro público o supusiese, en sí misma, un acto terrorista o de colaboración con banda armada. No bastaba con <<criminalizar>> determinados artículos, perseguir judicialmente a sus autores o no tolerar legalmente (que de eso dicen que se trata en los pagos de Interior) indicaciones o instigaciones al asesinato u otro cualquier delito. Era necesario, a lo que se ve, el más radical de los atentados posibles contra la libertad de expresión y el derecho a una libre información, opinión y crítica: el cierre de un diario y una emisora. Ello no ha ocurrido en ningún país democrático desde el fin de la segunda guerra mundial y, en España, desde el comienzo de la transición democrática. Nadie ­juez, policía o gobernante­ ha entendido, hasta la <<operación cóndor>>, que el cierre de un órgano de comunicación (además, como medida cautelar o <<consecuencia accesoria>>) fuese compatible con una tutela constitucional y judicial efectiva de la libertad de expresión. Ya el Tribunal Constitucional, en su sentencia 199/87, expulsó del ordenamiento jurídico el precepto de la ley antiterrorista de 1984 que permitía la clausura por el juez instructor de un órgano de comunicación. Pero esto no es obstáculo para los cóndores. Vuelan tan alto que no paran mientes en <<pequeños detalles constitucionales>>.

Se nos dijo, encima, que debemos callar, no anticipar juicios y censuras hasta que se conocieran detalles, precisiones y razonamientos sobre la <<cruel necesidad>> de actuar como se ha actuado. Ya los conocemos. Pero los extensos argumentos de Garzón sólo nos sirven para volver a preguntarnos: ¿por qué?, ¿con qué fundamentos reales?, ¿dónde están el Derecho y la Justicia? Las resoluciones garzonitas son, como diría Borges, <<una helada y laboriosa nadería>>. Su prosa ­espesa y municipal­ parece hecha por encargo, para vestir un muñeco fabricado por el Gobierno. Lo ha dicho muy claramente Aznar: se han atrevido a cerrar Egin. El juez ha actuado como brazo secular del Santo Oficio gubernamental. Es posible que Garzón se haya preparado como recomendaba el <<Manual del Inquisidor>> de Bernardo Gui: <<recoger hierbas de rodilla, de cara al Este, diciendo las oraciones del señor>>.

No existe justificación constitucional posible para estas decisiones político-judiciales. No hay cáliz jurídico que las contenga. No hay jurista ­por rábula que pueda ser­ que acierte a explicar jurídicamente, de acuerdo con la Constitución, que la continuidad en los quioscos y en las manos de sus lectores de un periódico puede ser prohibida en nombre de la ley. En este sentido, las palabras del nuevo portavoz del Gobierno han sido luminosas: <<el cumplimiento de la ley no puede interpretarse nunca como un ataque a la libertad de expresión>>. Es decir: el Gobierno se constituye en tribunal de justicia y en portavoz del instructor (al que previamente ha instruido) asegurando que se ha cumplido la ley. Y que impulsar su cumplimiento <<sin consideraciones de oportunidad o inoportunidad política, demostrando que no hay áreas de impunidad, es el objetivo prioritario de la lucha antiterrorista del Gobierno>>. ¿Lo fue también en los casos GAL? ¿Ha impulsado el Gobierno la acción de Garzón? ¿Ha sido decisión política, judicial o ambas cosas a un tiempo? ¿Ha existido alguna suerte de unión hipostática entre el Gobierno y el instructor dentro de una ucrónica utopía de sincronización intuitiva? ¿No se impulsaba con anterioridad el cumplimiento de la ley? ¿Es ésta la única, la mejor o la más constitucional forma de cumplirla? ¿El registro masivo e indiscriminado de Egin, en 1993, y el posterior encarcelamiento de Pepe Rei, absuelto después con todos los pronunciamientos favorables, fue también cumlimiento de la ley? ¿Quién ha administrado los tiempos de la <<operación cóndor>>?

Ahora resulta que el secreto del sumario no afecta al Gobierno y que sólo éste y la clase política integrada están legitimados para valorar determinadas actuaciones judiciales. El elogio y el éxtasis ante las mismas no las interfiere en forma alguna ni implica precipitación o imprudencia. Es sólo, como en los viejos tiempos, la crítica destructiva. Nadie puede afirmar que la hoguera inquisitorial está encendida porque su resplandor y su temperatura lo dañe hasta cegarlo o le envenene la sangre o lo inunde de melancolía. Nadie debe advertir sobre la realidad de una estenosis del útero democrático en nombre de un Derecho de emergencia y excepción que sitúa la razón de Estado y la seguridad de Estado por encima de Derecho y de la Constitución y que convierte al enemigo en objeto de persecución incondicional e irremediable. Como decía el maestro Cararra, <<es inútil esperar que se subordinen a principos jurídicos las medidas y providencias que, en circunstancias excepcionales de perturbación pública, en la práctica siempre se guían únicamente por el miedo, que entre todos los sentimientos es el que menos razona>>. Tampoco el miedo al miedo. Ni el exasperado afán exhibicionista de ciertos jueces que ponen sistemáticamente a su servicio, <<pro domo sua>>, mecanismos, principios y preceptos que no debieran admitir manipulación alguna.

La musicalidad de Rubén Darío viene muy a cuento: <<A un cruzado caballero/ garrido y noble garzón/ en el palenque guerrero/ le clavaron un acero>>. Sabemos que era un cruzado de la causa. Todas las causas tienen cruzados o gazules. No sabemos si el acero era toledano o albaceteño ni si el garzón vulnerado fue víctima de alguna garzonía, es decir, de una solicitación, enamoramiento o cortejo que lo convirtiesen, en pleno duelo, en urogallo deslumbrado ante la gentileza de la urogallina.